Lunes, 12 de noviembre de 2018

Mensaje del suprocurador de la PGR
 
Los hechos que hoy nos convocan derivan de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, quien inició una carpeta de investigación en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, en contra de diversas personas físicas y morales dedicadas a la venta de alimentos básicos y servicios de logística, al advertirse operaciones inusuales en su administración.

En el transcurso de la investigación se reveló lo siguiente:

El Gobierno de Venezuela, el 3 de abril de 2016, emitió un “Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, por la que creó los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS).

El referido programa, tiene como propósito distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.

Así, con motivo de dicho programa, a partir del año 2016, de acuerdo a las investigaciones ministeriales, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, han obtenido recursos públicos venezolanos provenientes de un programa gubernamental, que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países, para posteriormente, exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población de Venezuela.

De acuerdo con la investigación, este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela; ello mediante tres mecanismos de operación: 


1) Adquirir productos de baja calidad,

2) Exportarlos a Venezuela con sobre precio, y;
 
3)A través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real.

A lo largo de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, como el señor Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes; con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países (entre ellos, México) para contactar con otras empresas.

Derivado del trabajo realizado en coordinación con diversas Dependencias del Gobierno Federal y de los avances en la indagatoria, el agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Penales y 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, celebró un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación, en los siguientes términos:

1.- Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “ACNUR”, de la cantidad de USD$3 ́000,000.00 (Tres millones de dólares americanos 00/100 usd), lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos; los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe. 


2. Los imputados se comprometen a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela.

Cabe señalar que con motivo de la investigación realizada, se localizaron 1300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era el país de Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con la presente investigación.

Sin embargo, al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios; pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa Nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realicen en condiciones no aptas para el consumo humano.

Sin duda, los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento.

Finalmente, el resultado de estas investigaciones y las acciones tomadas en consecuencia son muestra de la inquebrantable decisión del Gobierno de México en el combate a la corrupción y el lavado de dinero, al tiempo que refrenda su firme compromiso con el bienestar del pueblo venezolano.
 
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